IV Congreso de la Abogacía Aragonesa: Fondos de Litigación

Nuestro socio director Ángel Guirao tuvo de nuevo el placer de participar como ponente en otra jornada sobre fondos de litigación en el marco del IV Congreso de la Abogacía Aragonesa, organizado por el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón y que se celebró los pasados días 21 y 22 de junio en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Durante la jornada se abordaron los orígenes de este sistema alternativo de financiación de conflictos conocido como «financiación de litigios», el cual está cogiendo fuerza en España durante los últimos años, pero que nace en Australia en el contexto de las quiebras hace aproximadamente dos décadas y que desde allí se extiende a jurisdicciones anglosajonas como la americana o la inglesa.

Se cuestionó asimismo la naturaleza jurídica de estos contratos sometidos habitualmente a derecho anglosajón, coincidiendo la mayor parte de expertos en la materia en que la figura más afín a los LFA (Litigation Funding Agreements) en derecho español es la de los Contratos en Cuentas de Participación regulados en los artículos 239 a 243 del Código de Comercio, dada la naturaleza contingente de la operación y la incertidumbre que existe tanto respecto a la cuantía a percibir por el inversor como el plazo de cobro de la misma -si ésta llega a producirse-.

IV Congreso de la Abogacía Aragonesa: Fondos de Litigación

También se abordaron aquellos casos que resultan más propicios a la hora de acudir a un fondo de litigación, incidiéndose en que no solo se utiliza para PYMES en situación de precariedad económica, sino que también grandes empresas solventes acuden a la financiación de litigios para transferir el coste y el riesgo del procedimiento a un tercero, mejorando de esta manera sus balances y cuentas de resultados.

Por último, se mencionaron las soluciones que se han adoptado a nivel internacional tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista contractual para minimizar los riesgos deontológicos relativos a los conflictos de intereses, a la confidencialidad y a la independencia. Entre dichas medidas podemos mencionar la suscripción de acuerdos de confidencialidad previo a todo intercambio de información; el deber de revelación tanto al órgano jurisdiccional o arbitral -según el procedimiento- como a la otra parte, la existencia del acuerdo de financiación y la identidad y dirección del tercero proveedor de fondos; y la introducción de cláusulas contractuales que prohíban expresamente al tercero financiador decidir sobre las decisiones procesales del procedimiento, incluidas las transacciones.